Asistimos este verano, aunque ya venga de atrás, a la crisis de los farmacéuticos, un sector con el que la sociedad no parece estar identificada; ya se han encargado ellos de hacer posible que quienes prestan un servicio sanitario de primera necesidad no sea visto como tal por el resto de los conciudadanos; por ello salvo que la cuestión que se plantea toque al bolsillo de todos los que de una u otra forma necesitamos un medicamento, no cabe esperar una respuesta refleja en apoyo ni solidaridad.
La cuestión planteada ni tiene como fin dar un mejor servicio, ni tiene en su punto de mira un fortalecimiento de la imagen del sector en la sociedad, es una guerra lícita entre quienes legalmente están obligados a dar una prestación que son los farmacéuticos y quienes están obligados a pagarla que somos todos nosotros por los canales de la Administración y aquí, como en todos los casos y este no es excepción, quien manda es el que paga.
La cuestión que se plantea tiene su mal en el propio concepto y modelo de la farmacia, un servicio exclusivo a la sociedad que tiene claras raíces de empresa privada basadas en un sistema de prestación por cuenta de las administraciones difícil de sostener, y que mientras quienes dirigen a los profesionales no vean que o se quitan/reducen el lastre de la dependencia, o estarán bajo la bota del Estado en sus distintas acepciones, un problema en si mismo del que los farmacéuticos y sus representantes no quieren ni oir hablar, creyendo que el tiempo se ha detenido y es evidente que no es así.
Fundamentos aparte, lo que hoy se está conociendo no es sino la batalla lícita a cobrar por parte de los farmacéuticos aquellos servicios de dispensación de medicamentos de los que han sido proveedores al Estado a cambio de la receta y la obligación de pagar por las Administraciones esa prestación sanitaria previamente prestada y pagada por los farmacéuticos cuando compran el medicamento.
Esta cuestión no variaría nada respecto a otros sectores profesionales que prestan al Estado sus servicios y que desgraciadamente terminan cobrando a muy largo plazo, si no fuera porque dar acceso a la población a los medicamentos es una tarea de primera necesidad y esta es la única baza que tienen estos profesionales para presionar a su pagador, y todos lo saben.
No es de recibo que quienes prestan cualquier servicio por cuenta del Estado, cobren tarde, mal y nunca, pero menos aun cuando, como es el caso, se cubre la necesidad de atender a la población en la necesidad de que tengan el medicamento necesario de forma inmediata; estamos hablando de la salud pública que es la suprema ley.
Partiendo de la simple premisa de que quien hace un trabajo para alguien este viene obligado a pagarlo, no admite ni la más mínima duda de hacia que lado se decanta la razón; el problema es que además se pretenda que quien da el servicio siga prestándolo, conociendo de antemano la poca predisposición del obligado al pago a hacer frente a su obligación conforme a los sanos criterios de racionalidad y que en modo alguno es disculpable por tener que atender otras muchas prioridades ni tan siquiera de la falta de fondos para atender los pagos a quienes previamente tienen que comprar los medicamentos.
Mediante nota de prensa emitida el pasado día 8, ASEDEF ofrecía su mediación ante una crisis sin precedentes, por otra parte difícil de entender jurídicamente y que parecía partir de posturas irreconciliables, en la que además se ponía de manifiesto la poca unión existente entre los boticarios, baza esta de la división que es fácilmente utilizable en su contra.
Quien firma este artículo se ponía a disposición de las instituciones profesionales y de la Administración tratando de mediar en el conflicto, una de las competencias que tiene ASEDEF conforme a sus estatutos fundacionales, basándonos en nuestro conocimiento jurídico y profesional del sector.
¿Soluciones?, tienen que venir necesariamente acompañadas de dinero, que si la Administración no tiene o no puede pagar tendrá que echar mano de las instituciones financieras; en este sentido ASEDEF realizó una propuesta a Rosa López Torres, Presidenta del Consejo de Colegios de Castilla La Mancha, buena interlocutora y con extraordinario ánimo de encontrar soluciones para los compañeros a los que representa; la propuesta se basa en lo siguiente:
- Negociar junto a la Administración la concesión a los farmacéuticos de una póliza de crédito por el importe actualmente debido a lo que habría que sumar el importe estimado de dispensación con receta que se pudiera generar durante la vida del crédito, a un interés razonable pagadero trimestralmente por el farmacéutico, y por un plazo que prudencialmente se entienda suficiente para que la Administración pueda hacer frente a sus obligaciones, a firmar por el farmacéutico y con la toma de razón en la propia póliza por parte de la Administración para que los pagos se realicen directamente a la entidad financiera que finalmente intervenga.
- Llegado el vencimiento, si la póliza de crédito no se hubiere cancelado, en la propia póliza se hará constar mediante una cláusula especial la prórroga automática al vencimiento por otro plazo a establecer, a un interés blando que, en este caso, debiera asumir la Administración, a los efectos de que estos importes sean diferidos en distintos ejercicios Administrativos presupuestarios, evitando de esta manera que el crédito se sitúe en mora y que en su caso entrara en contencioso con el perjuicio consiguiente para la entidad financiera que tendría que coberturar estos importes conforme a las normas establecidas por el Banco de España, dando por vencida la póliza y ejecutando la misma.
- Los anteriores pasos posibilitarían que la Administración pudiera hacer frente a las facturas corrientes que por las dispensaciones fuera pasando los farmacéuticos, a partir del primer vencimiento de la póliza de crédito.
Es evidente que para que todo lo anterior se pueda llevar acabo se necesita la voluntad de que Administración e interlocutores profesionales (a mi juicio muchos ), se pongan de acuerdo en esa voluntad de solución y cauces para realizarlos.
Son épocas difíciles para todos, también para los farmacéuticos, y aunque la facultad disciplinaria y sancionadora de la Administración debe ser exhibida, esta no debiera aplicarse ahora precisamente por quien esa potestad sancionadora la ejerce desde el incumplimiento de sus obligaciones, esto haría quebrar los principios mas elementales y sagrados de la seguridad jurídica de la Administración en sus relaciones con los administrados.
Es verdad que la imagen de la Administración en general frente a todos sus administrados hoy por hoy ya resulta cuando menos patética y poco capaz, pero también es verdad que los farmacéuticos en esta guerra se juegan mucho y no es solamente su dinero , se juegan una imagen frente a la sociedad a la que sirven y desde luego la viabilidad de un modelo que pudiera empezar a hacer aguas en los tiempos modernos necesitados de planteamientos y servicios nuevos e imaginativos ante retos como el que hoy se comenta, con flexibilidad y cintura negociadora y sobre todo menos dependientes del Estado.
Madrid, 16 de agosto de 2011
Mariano Avilés Muñoz- Jurista y Presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico- ASEDEF.
Asistimos este verano, aunque ya venga de atrás, a la crisis de los farmacéuticos, un sector con el que la sociedad no parece estar identificada; ya se han encargado ellos de hacer posible que quienes prestan un servicio sanitario de primera necesidad no sea visto como tal por el resto de los conciudadanos; por ello salvo que la cuestión que se plantea toque al bolsillo de todos los que de una u otra forma necesitamos un medicamento, no cabe esperar una respuesta refleja en apoyo ni solidaridad.
